La resistencia del pueblo Jiw

Esta comunidad étnica, a punto de desaparecer, espera que un juez dicte órdenes que le permita vivir con tranquilidad y recuperar su territorio en San José del Guaviare, que les fue arrebatado a punta de violencia y decisiones jurídicas.

Si alguien conociera en detalle la historia de los indígenas Jiw se preguntaría cómo han hecho para sobrevivir. Según el censo realizado por la misma comunidad, en la actualidad se componen de 19 familias Jiw y 42 familias de los diez pueblos Tukano Oriental (Tukano, Desano, Barasano, Cubeo, Karpana, Piratapuyo, Guanano, Bará, Tariano y Tatuyo), que no suman más de 328 personas. En el año 2012 la Corte Constitucional declaró que estaban en riesgo de exterminio, pero pese a que ordenó al Gobierno desarrollar un Plan de Salvaguarda han sido casi nulos los esfuerzos por evitar su desaparición.

Es por eso que los Jiw confían en que una sentencia de restitución resuelva de raíz su situación. Durante meses trabajaron en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial Meta para elaborar una demanda de restitución, que radicaron al finalizar noviembre ante el Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare.

Los Jiw reclaman que el Estado les reconozca 4 mil 680 hectáreas que siguen por fuera de los títulos de su resguardo; que se respete la autonomía sobre su territorio de 8 mil 360 hectáreas, pues continúan las tensiones con varios de los colonos que desarrollan ganadería y pesca indiscriminada, además de que persiste la presencia de actores armados. Que se les consulte de forma previa cuando los gobiernos locales quieran desarrollar un proyecto de infraestructura y que se pare de lleno la deforestación y la contaminación de ríos, lagunas y caños, que tienen diezmados sus sitios sagrados y prácticas culturales.

Por cuenta de decisiones que tomó el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), y el conflicto armado perpetrado por las Farc, paramilitares y bandas criminales, los Jiw están confinados y cada vez pueden elaborar menos la fariña, torta de casabe y chicha (todos a partir de la yuca), así como los caldos de pescado, de tereca (tortuga pequeña) o de Pusuy (semilla de palma) y la colada de plátano maduro. Menos realizar sus ceremonias de Dabukury y Yuruparí, y que se respete el mantenimiento del ciclo de vida asociado a su mito de origen, el de la Anaconda. Esto último porque el Caño la Fuga ha sido contaminado y con ello, han afectado las “casas de los animales” y el “alma de los ancestros” que viven allí.

El confinamiento, además, ha reducido las funciones del payé, una figura muy importante para el pueblo Jiw porque corresponde al guardián de las tradiciones y protege a la comunidad de cualquier enfermedad y maleficio. El pinjué, como le dicen los Jiw en su lengua, tiene cada vez menos acceso a plantas para curar y prevenir las enfermedades, y para realizar las invocaciones y rezos que le permiten comunicarse con los espíritus.

La comunidad está además afectada por el miedo. Los actores armados ilegales les impusieron límites a la movilidadad, se tomaron parte de su territorio para cultivar coca, y producir y comercializar cocaína; acamparon en el molino de caña y obligaron a la población a cocinarles o lavarles la ropa. Esto hizo que rápidamente fueran estigmatizados, señalados de pertenecer a uno u otro bando, y quedaran en el medio del ‘sánduche’ del conflicto.

La tensión contra colonos también ha debilitado a la comunidad. El hecho más reciente fue el asesinato de Alonso González, ocurrido el 25 de abril de 2013. González había sido elegido durante cinco años como Consejo Mayor del Resguardo La Fuga y era el representante de su comunidad en la Mesa de Concertación, Diálogo y Seguimiento al Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, que ordenó el Plan de Salvaguarda.

La resistencia del pueblo Jiw