Foto realizada por el Pueblo ZioBain

Los ZioBain somos gente de Chagra y Yagé, por muchos años nos obligaron a vivir en medio de la guerra; y nos alegramos pensando que el final del conflicto había llegado cuando se firmó la paz con las FARC; pero ahora de nuevo somos gente viviendo con miedo; miedo por escuchar disparos, por encontrar actores armados patrullando en el territorio, por amenazas contra nuestros dirigentes, por riesgo de reclutamiento contra nuestros hijos, por nuevas minas antipersonales que van instalando en nuestro territorio; y en medio del miedo y dado que el Estado Colombiano hizo caso omiso a nuestras denuncias en el mes de mayo del año en curso nos vimos obligados a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitar se nos otorguen medidas de protección.

Finalmente el 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgo medidas cautelares en favor de autoridades y familias integrantes del Pueblo Siona de Colombia y ordenó al Estado Colombiano tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra vida e integridad, porque nos mantenemos “en una situación de gravedad y urgencia” debido a la presencia de diversos actores armados que ejercen presión sobre nuestra población y sobre nuestro territorio, quienes a través de diversas acciones como el control de movilidad, el patrullaje en el territorio ancestral, la ocupación de domicilios, el uso de enseres domésticos y medios de movilización, etc; han puesto en grave riesgo nuestra integridad y han impedido el desarrollo de actividades de espiritualidad, control territorial y gobernanza.

Desde el año 2017 por diversos medios y ante instancias como el Ministerio del Interior, Dirección Antiminas, Defensoría del Pueblo y Procuraduría hemos denunciado y exigido que se nos brinden las garantías suficientes y efectivas de protección a la integridad física y cultural; hechos que además fueron constatados por las mismas entidades durante una misión de verificación realizada en junio de 2017, sin embargo hasta el día de hoy, más allá de la dotación parcial a la guardia y la entrega de 2 motores fuera de borda no se han implementado medidas que procuren la investigación y sanción, la reparación y no repetición.

Por el contario los hechos que hemos denunciado se han venido exacerbando, hasta el punto de vernos confinados en nuestro territorio por varios meses; entre otros hechos por el inicio de nuevas actividades de instalación de minas antipersonales, amenaza de reclutamiento de menores y hostigamiento entre actores armados o entre estos y la fuerza pública.

En consecuencia, y porque el presente caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos para decretar las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas culturalmente adecuadas para garantizar la vida e integridad de los y las integrantes del Pueblo Siona identificados en la decisión, de modo que podamos vivir de forma segura en nuestro territorio, seguir con nuestras actividades culturales y de subsistencia; y que quienes tenemos tareas de liderazgo podamos cumplir con nuestros mandatos de gobierno indígena; también dispone que se investiguen los hechos denunciados.

Esperamos que el Estado de cumplimento inmediato a esta disposición de la CIDH, debiendo ser el primer paso la concertación con la comunidad para que las acciones que se implementen sean culturalmente adecuadas, efectivas, eficaces y céleres. Así mismo esperamos que el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos deje previstos los mecanismos y recursos para la implementación de las medidas debiendo el gobierno de Iván Duque dar cumplimiento cabal, íntegro y oportuno.

A criterio de la comunidad, y tal como se lo ha manifestado a la CIDH en la solicitud de medidas y de manera insistente a entidades como Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica, Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales de la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación; algunas de las medidas culturalmente adecuadas para garantizar la vida e integridad de los y las integrantes del Pueblo Siona deben ser:

 

–       Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y a informar a la Comisión sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas en forma periódica.

–       Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de educación, salud, comunicación, electricidad, transporte público y seguridad, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de enfrentar de manera integral los hechos de riesgo y vulneración que enfrenta el pueblo Siona.

–       El INMEDIATO desminado del territorio formalizado y de ampliación de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) realizado por un operador civil; previa concertación con la comunidad para tomar en cuenta consideraciones étnicas y espirituales antes de intervenir el territorio.

–       Dar inmediato cumplimiento a los acuerdos establecidos en el marco de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, celebrada en el año 2017, especialmente en lo relativo a la garantía de condiciones en temas territoriales, educativos, productivos y de salud.

–       Se cumpla con lo establecido en recomendaciones del infirme de la Visita de Verificación al Resguardo Indígena Buena Vista del Pueblo Ziobain (SIONA).  Asisten: Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, Secretaria Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Dirección de Consulta Previa), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica, Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales de la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, especialmente en lo relativo a la garantía de condiciones en temas territoriales, educativos, productivos y de salud.

–       Reforzar y contextualizar las medidas de seguridad individuales dispuestas por la UNP a favor de algunos dirigentes y ampliar medidas a favor de otras autoridades políticas, tradicionales y guardia indígena en situación de riesgo. Las medidas a adoptarse deben ser previamente concertadas con los miembros de la comunidad y sus representantes.

–       Dotar de medios de movilización fluviales y terrestres y de sistemas de comunicación que favorezcan las actividades de monitoreo y control territorial y de activación de acciones de alerta o pedido de socorro cuando resulte necesario.

–       Que de manera URGENTE Procuraduría Colombiana convoque y desarrolle una MISIÓN HUMANITARIA DE VERIFICACIÓN a los resguardos Gonzaya (Buenavista), Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) y cabildo Yocorobë (Santa Helena) a efectos de recabar información sobre la crisis humanitaria y de graves violaciones a DDHH que a la fecha existen y la concertar medidas de protección.  La MISIÓN debe ser coordinada con la Defensoría del Pueblo Ecuador y debe además contar con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cruz Roja Internacional y organizaciones de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del nivel nacional; cuyo objeto sea el levantamiento de información sobre la situación de riesgo y la concertación de otras medidas de protección.

–       Realice una investigación penal exhaustiva con el fin de esclarecer los hechos y punir a los responsables de las amenazas y los hechos de violencia denunciados con el fin de eliminar los factores de riesgo y evitar la recurrencia de hechos de violencia.

Es importante hacer hincapié en que estas medidas se dan en un contexto de agresiones y asesinatos sistemáticas contra líderes indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, frente al cual se ha pronunciado hace un tiempo la CIDH “lamentando esta situación y reiterando la obligación de los Estados de investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables”.

Surupa;

MARIO ALBERTO ERAZO YAIGUAJE

GOBERNADOR

RESGUARDO INDÍGENA SIONA BUENAVISTA

 

 

Datos de contacto:

310 885 43 49 Mario Erazo – Gobernador del Resguardo erazomarioyai@gmail.com

310 3629240 – Sandro Piaguaje –  Dirigente de cultura

311 5517270 Dra. Lina María Espinosa – Abogada Defensora de DD.HH – nuashirma@yahoo.es

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Comunicado CIDH Medidas 18_07_18