Foto realizada por Ernesto Che Mercado Jones

Primera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas

“Los Pueblos Indígenas de las Américas”

 

Washington, 10 de agosto de 2018

Ubicados mayoritariamente en la Colombia ancestral y profunda, los Pueblos Indígenas representamos de manera palpable la plurietnicidad y multiculturalidad constitucionalmente reconocidas en 1991, vigentes desde tiempos inmemoriales, en los cuales nuestras vidas y existencias no se enfrentaban a los riesgos de la post modernidad y su empecinado afán de estandarización y despliegue desarrollista.

Partiendo de ese supuesto, si bien es cierto aplaudimos iniciativas como la que nos convoca el día de hoy; no es menos cierto que las realidades que a la fecha afrontamos ameritan acciones decididas, conjuntas y articuladas para la salvaguarda sustantiva de los Derechos de los Pueblos Indígenas ubicados en el continente americano.

Al respecto resulta oportuno presentar, a manera de “caso tipo”, los datos que ejemplifican el genocidio en curso en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia: Siendo más de 112 Pueblos, dentro de los cuales no se contabilizan cerca de 14 pueblos indígenas en estado natural, con indicios de existencia y dos cuya existencia se ha confirmado; representamos el 3.4% de la población nacional y constituimos el 2,9% de las víctimas del país; de las cuales más del 87% corresponden a afectaciones en contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes, sabios y sabias indígenas.

Según la Corte Constitucional 36 Pueblos Indígenas colombianos se encuentran en riesgo de extinción física y cultural y de acuerdo a lo denunciado por las Organizaciones Indígenas Nacionales, 31 pueblos afrontan en la actualidad un proceso inminente de exterminio. La sumatoria de ambas cifras refleja un total de 67 Pueblos Indígenas ad portas de la desaparición. El debilitamiento demográfico acelerado de estos últimos, los abocaría a la desaparición en aproximadamente 10 años.

La reciente metamorfosis del conflicto armado y los factores que subyacen y se vinculan al mismo, recrudecen el contexto previamente presentado y nos plantean nuevas problemáticas, las cuales se suman a las afectaciones históricas relacionadas con las prácticas bélicas que buscan apropiarse de los territorios, entendidos en toda su magnitud y con los intereses económicos preponderantes, enquistados ambos en las selvas, campos, sierras y llanos colombianos.

Esa mixtura de intereses hace que la preocupación generalizada de la sociedad civil y, en particular del movimiento indígena se incremente: Con el nacimiento, reconfiguración y resurgimiento de actores armados ilegales, el reforzamiento de la presencia narcoparamilitar en el país y el cruento accionar de actores armados legales en nuestros territorios, el incremento de vulneraciones de DDHH en contra de los Pueblos Indígenas con especial énfasis en el asesinato de líderes, lideresas, autoridades e integrantes de los mismos y conectado a ello el desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades enteras, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas, entre otras circunstancias, el riesgo de desaparición es inminente.

Las Organizaciones Indígenas de Colombia reportamos la ocurrencia de 10.599 vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH en contra de Pueblos Indígenas, entre el 1 de enero y el 05 a julio de 2018. Se destacan en ese periodo, la ocurrencia de 50 casos de amenazas, 21 casos de homicidios, 9.422 casos de confinamiento, 1.047 casos de desplazamiento masivo y forzado, 20 casos de reclutamiento forzado, 19 casos de atentados y 3 casos de tortura.

                                      Foto realizada por Ernesto Che Mercado Jones

Las vulneraciones previamente referenciadas no pueden analizarse como eventos aislados, desde las Organizaciones Indígenas hemos puesto de presente la indiscutible conexión entre el asesinato y amenazas en contra de representantes e integrantes de Pueblos Indígenas, con la ocurrencia de desplazamientos masivos, confinamientos, combates y atentados; situación está que evidencia la posibilidad de afectaciones individuales con impactos colectivos.

A lo anterior se suma la prevalencia de intereses económicos extractivistas y la imposición de una dinámica de desarrollo que victimiza al territorio, en cabeza del Estado Colombiano, puestos por encima de los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Sin lugar a dudas la paz solo puede ser una realidad desde los territorios y no puede limitarse a un discurso utilizado para posibilitar la entrada de megaproyectos en el país.

Contrastando el contexto anteriormente presentado con la intencionalidad del presente escenario, las denuncias realizadas sin duda ameritan una revisión exhaustiva desde una perspectiva integral, iluminada por el “Plan de Acción de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2017-2021)”, el cual en nuestro país da cuenta de sendas limitaciones, en tratándose de su materialización debido a la:

  1. Debilidad de las políticas públicas específicas para la salvaguarda de los Pueblos Indígenas y ausente/deficiente implementación de las existentes.
  2. Carencia de garantías jurídicas y regresividad de los derechos adquiridos en cabeza de los Pueblos Indígenas.
  3. Deficiente y negligente atención diferencial en todas las esferas institucionales encaminadas a proteger, reparar y restablecer derechos individuales y colectivos en cabeza de los Pueblos Indígenas.
  4. Intentos forzados de reglamentación de la Consulta Previa y desconocimiento de este derecho fundamental en instancias tan importantes como la normatividad discutida para la puesta en marcha del Acuerdo Final suscrito entre las FARC – EP y el Gobierno Colombiano.
  5. Ausencia de procesos culminados de reparación integral a sujetos colectivos indígenas y deficiente atención diferencial para el restablecimiento de derechos a víctimas indígenas en general.
  6. Precaria implementación del Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia (en general) y del Capítulo Étnico (en particular).

                                          Foto realizada por Ernesto Che Mercado Jones

Así las cosas, respetuosamente solicitamos:

PRIMERO: El acompañamiento constante de la Organización de Estados Americanos y verificación periódica de la situaciones de vulneración de derechos en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia.

SEGUNDO: Se requiera al Estado Colombiano el respeto de los derechos fundamentales en cabeza de los Pueblos Indígenas, en especial los Derechos Fundamentales a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo, Libre e Informado, al territorio y a la autonomía; absteniéndose de direccionar iniciativas que atenten en contra de los mismos.

TERCERO: Requiera al Estado Colombiano se abstenga de limitar los derechos fundamentales al territorio y a la Consulta Previa Libre e Informada y por lo tanto cese el proceso de reforma a la ley 160 de 1994.

CUARTO: Se demande al Estado Colombiano el cumplimiento integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia; haciendo especial énfasis en la puesta en marcha del Capítulo Étnico.

QUINTO: Se solicite al Estado Colombiano la  adopción de garantías para la salvaguarda de la vida e integridad territorial, individual y colectivamente consideradas; a partir de la discusión y posterior nacimiento a la vida jurídica de la norma que reglamente específicamente la materia, a partir de la propuesta construida por los Pueblos Indígenas de Colombia.

SEXTO: Solicitamos respetuosamente a la Organización de Estados Americanos que, en coordinación con la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas, genere instancias de acompañamiento y verificación que busquen atender, revisar y visibilizar la grave situación de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Hacemos un llamado a no relegar el deber ser plasmado en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por un ser determinado por intereses económico, preponderantemente extractivistas, la vida misma de los Pueblos Indígenas depende de ello.

A los Pueblos Indígenas de Colombia, en tiempos de paz nos siguen matando.

ROBINSON LÓPEZ DESCANSE

COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA – OPIAC

Ponencia Primera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas