Ponencia: Panel “Construcción de Paz, Una Mirada Desde los Territorios”

 

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2018

 

Hablar de la Construcción de Paz desde los Territorios es, sin duda alguna, hablar de la cotidianidad de los Pueblos Indígenas desplegados en esa Colombia ancestral, en la que nuestras vidas tienen sentido a partir de nuestra relación armoniosa, respetuosa y de cuidado mutuo con la Madre Tierra.

 

Los Pueblos Indígenas de Colombia somos Constructores de Paz, nuestras cosmovisiones observan una relación intrínseca con la preservación del equilibrio y la salvaguarda de la vida misma vista en todo su esplendor, la vida como esencia inmanente en cada ser y cada territorio; incluso aquellos Pueblos entendidos como “guerreros”, parten de la defensa y el respeto de  esos mínimos inmateriales que posibilitan dichas realidades.

 

A pesar de ello, la búsqueda de la paz con enfoque territorial observa profundas dificultades: Sí bien es cierto entendemos que en un escenario de post conflicto las dinámicas de conflictividad tienden a incrementarse, también lo es que en el post acuerdo afrontado en Colombia se observa la acelerada reconfiguración de actores armados ilegales y el recrudecimiento y distorsión de las actuaciones de actores armados legales, concentrados en los territorios en la protección de intereses económicos extractivistas y privados, a lo cual se suma la pobre implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera”, incluyendo el Capítulo Étnico del mismo.

 

Al respecto resulta importante destacar que los Pueblos Indígenas apoyamos el proceso de diálogo adelantado entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional y el resultado final del mismo, encontrando en sus contenidos los caminos hacia la materialización de, como su nombre lo indica, “Una Paz Estable y Duradera”; sin embargo, la ausencia de un proceso de Consulta Previa integral de los contenidos acordados y de la totalidad de los estándares normativos con impactos e incluso afectaciones directas en contra de los Pueblos Indígenas y la ausencia de garantías, reglamentación, consulta y consentimiento de temas concernientes a víctimas (JEP, CEV y UIA), protección y atención diferencial a población indígena en proceso de reincorporación (o armonización), dan cuenta de los principales problemas que a la fecha afrontamos, los cuales presentaré brevemente en aras de reforzar el debate colectivo.

 

  1. A pesar del ejercicio de Consulta Previa adelantado en el marco del Fast Track, la mayoría de las normas consultadas se han quedado en el papel o fueron transformados sustancialmente con posterioridad al proceso de consulta, evidenciando la mala fe en cabeza del Gobierno Nacional y vulnerando flagrantemente dicho derecho fundamental.

 

  1. Siendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDETS, el mecanismo administrativo existente para avanzar en la Reforma Rural Integral (punto 1 del Acuerdo Final), el avance acelerado de la ruta dispuesta para su implementación y la ausencia de Consentimiento Previo, Libre e Informado y de Consulta Previa de todo el proceso desde su inicio, ha conllevado a la exclusión en unos casos y a la participación desinformada de las Autoridades y Pueblos Indígenas en otros; esto a pesar de que en el 100% de las “Subregiones PDET” existe la presencia de Pueblos Étnicamente Diferenciados.

 

  1. Sumado a lo anterior y guardando relación con el primer punto presentado, la omisión de consulta previa y ausencia de Consentimiento Previo, Libre e Informado en torno a el “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS” (aclarando que la práctica ilícita se concentra en el uso y no en los cultivos en sí mismo, los cuales son plantas sagradas para nosotros) y, su puesta en marcha en los territorios, observan el siguiente panorama: 2.1. Desconocimiento de las dinámicas de reconfiguración de actores armados y fortalecimiento de la presencia de actores narcoparamilitares con intereses sobre nuestros territorios, incrementándose el riesgo de Desplazamientos Forzados y Confinamientos; 2.2. Incremento de amenazas en contra de líderes, lideresas, autoridades e integrantes de Pueblos Indígenas relacionados con procesos PNIS y ausencia de protección efectiva para los mismos; 2.3. Incremento de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas en cabeza de actores armados narcoparamilitares y las autodenominadas disidencias de las FARC, para actividades que guardan relación con cultivos de uso ilícitos; 2.4. Riesgo con relación al uso de sustancias químicas como el glifosato para la erradicación de los cultivos y afectaciones existentes por el uso en el pasado de dicho veneno y; 2.5. Satanización de la planta sagrada y estigmatización y persecución de los Pueblos Indígenas por su uso en trabajos tradicionales-espirituales e incluso de comercialización de productos medicinales derivados de los mismos.

 

  1. Sumado a lo anterior, resulta pertinente destacar la debilidad de las estrategias de protección efectiva en cabeza del Estado Colombiano, las cuales a todas luces carecen de un enfoque diferencial que respete las formas propias de auto protección de los Pueblos Indígenas y, en algunos casos, incrementan el nivel de riesgo individual y colectivamente considerados; pudiéndose destacar al respecto la ausencia de priorización y consulta del Decreto de Protección Territorial, Individual y Colectiva para Pueblos Indígenas de Colombia en el marco del proceso de Fast Track, presentado por las organizaciones indígenas, siendo esta una iniciativa que a la fecha es prioritaria para el Movimiento Indígena Nacional.

 

  1. Idéntica suerte corrió la propuesta de Decreto presentada por la Organizaciones Indígenas en el Fast Track, para la reglamentación de los procesos de reincorporación y armonización de personas insertadas forzadamente en la guerra y la atención a menores indígenas víctimas de reclutamiento forzado, el cual no se pudo expedir a pesar la voluntad política y de trabajo de los Pueblos Indígenas de Colombia.

 

  1. Destacamos nuestra preocupación con relación a la insistencia en cabeza del Gobierno Nacional en torno a Proyecto de Reforma de la Ley 160 de 1994 (Ley de Tierras) y el interés de reglamentación del proceso de Consulta Previa, iniciativas a todas luces regresivas en tratándose de estándares de derechos en cabeza de los Pueblos Indígenas, específicamente en lo concerniente a nuestros derechos territoriales y colectivos, socavados por los intereses desarrollistas sobre nuestros territorios.

 

  1. Por último y no por eso menos importante, a manera de contexto es indispensable señalar que, las Organizaciones Indígenas de Colombia reportamos la ocurrencia de 10.599 vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH en contra de Pueblos Indígenas, entre el 1 de enero y el 05 a julio de 2018.

 

  1. Se destacan en ese periodo, la ocurrencia de 50 casos de amenazas, 22 casos de asesinatos, 9.422 casos de confinamiento, 1.047 casos de desplazamiento masivo y forzado, 20 casos de reclutamiento forzado, 19 casos de atentados y 3 casos de tortura.

 

De acuerdo a la Unidad de Víctimas, entre el 1 de enero al 1 de agosto se identifican las siguientes cifras: 255 casos de amenazas, 2.200 casos de desplazamiento forzado, 384 casos de Actos Terroristas – Atentandos – Combates y Hostigamientos y 5 casos de desaparición forzada; llama la atención la existencia de la categoría “Otro/s”, en la cual se reportan la ocurrencia de 381 casos y la ausencia de casos de homicidios a líderes, lideresas, autoridades e integrantes de Pueblos Indígenas, a pesar del reporte y denuncias efectuado por las Organizaciones Indígenas y la CDDHHPI.

 

  1. Las vulneraciones previamente descritas se agravan en lo concerniente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, sabios y sabias indígenas; quienes representan cerca del 87% de ese universo de víctimas indígenas reconocido por el Estado Colombiano a través del Registro Único de Víctimas y a quienes la reciente metamorfosis del conflicto armado golpea con mayor crueldad.

 

Siendo este el panorama que enfrentamos actualmente, cierro esta intervención destacando que, es imposible construir paz sin los territorios, nuestras vocerías y posibilidades de incidencia y decisión, deben ser el resultado del reconocimiento de los roles y dinámicas históricamente asumidos desde los más recónditos lugares en donde nos asentamos.

 

Indudablemente Colombia debe trascender la discusión entre los intereses económicos de unos pocos y los derechos humanos y fundamentales en cabeza de los sujetos individuales y colectivos que la conformamos y le damos vida, partiendo del supuesto de que la paz solo ocurre cuando todos y todas hacemos parte de su cimentación.

 

Así mismo, destacamos el compromiso de los Pueblos Indígenas de Colombia en la construcción de paz desde los territorios, esfuerzo que seguiremos liderando, a pesar de la sistematicidad de las vulneraciones de derechos que hoy más que nunca refuerzan la inminencia de nuestra extinción física y cultural; a pesar de lo cual seguiremos luchado por proteger nuestros derechos, los derechos de la Madre Tierra y los derechos de toda Colombia a través del su cuidado decidido.

 

 

¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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