Bogotá D.C., 25 de abril de 2019

Señores
COMISIONADOS y demás entidades competentes
Bogotá D.C.
E.     S.     D.

Ref.: Coadyuvancia de la Acción Urgente emitida por la Organización
Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, la Federación de Asociaciones de
Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó -FEDEOREWA-, y la
Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Atrato -CAMIZBA-.

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito coadyuvamos la Acción Urgente emitida el
17 de abril de 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia
-ONIC-, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del
Departamento del Chocó -FEDEREWA-, y la Asociación de Cabildos Indígenas
del Bajo Atrato -CAMIZBA-, por la situación de los pueblos Embera Katío,
Dóbida, Eyabida, Wounaan, y Zenú, ubicados en los municipios de Riosucio
y Carmen del Darién, pues se han presentado gran cantidad de
enfrentamientos entre grupos al margen de la Ley, los cuales han
generado homicidios, desplazamientos, confinamientos, entre otros.

Conforme con el documento que se allega a este despacho, las violaciones
a derechos humanos de estos pueblos se enmarcan en la disputa
territorial que tienen estos grupos ilegales por el control del paso al
vecino país de Panamá, pues esta ruta es de suma importancia para el
tránsito de narcóticos y la ejecución de otras actividades ilícitas.
Este fin ha causado que muchos compañeros sean asesinados, amenazados y
confinados a su territorio, por el riesgo que representa estar en medio
de un cruce de disparos.

Sumado a lo anterior, en el documento se anexan una serie de hechos que
han desencadenado una serie de consecuencias negativas para las
comunidades, por ejemplo, se refiere que la firma de los acuerdos con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- desencadenó un
recrudecimiento de la violencia; asimismo se refiere que se ha acudido a
movilizaciones en la ciudad de Bogotá, pero que no se ha recibido
respuesta efectiva por parte del Estado. También, en diferentes
actividades que se han realizado –la mayoría misiones humanitarias-, en
las cuales han participado grupos al margen de la Ley, se ha dejado
constancia de supuestas denuncias que han realizado los pueblos
indígenas, cosa que no es verdad y que agudiza el riesgo a se tomen
represalias en contra de nuestra población.

Los hechos se tornan bastante gravosos en la medida en que, pese a que
en repetidas ocasiones se ha informado al Estado de la ocurrencia de
estos hechos, este ha actuado de forma individual respecto a cada caso
concreto, mas no se ha enfocado en analizar la problemática en conjunto,
hecho que supondría la toma de estrategias que contribuyan con el cese
de estas actividades que afectan fuertemente las dinámicas económicas,
sociales y culturales de la población indígena.

Entendiendo a la gravedad del asunto, considerando la difícil situación
en la que se encuentra la población indígena colombiana, y viendo que
esto pone en grave peligro de exterminio físico y cultural a nuestra
población, este despacho coadyuva la solicitud de Acción Urgente emitida
por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, la federación
de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó
-FEDEOREWA-, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Atrato
-CAMIZBA-; por esto, hacemos un llamado a las organizaciones no
gubernamentales, nacionales e internacionales, defensoras de derechos
humanos, para que emitan los informes correspondientes sobre los hechos
antes consignados; además, exhortamos al Estado colombiano, para que
haciendo uso de la institucionalidad realice las actividades necesarias
para evitar y sancionar este tipo de conductas, especialmente,
solicitamos:

1.      A la Fiscalía General de la Nación, para que, en su condición de
titular de la Acción Penal, y aprovechando los medios de la Policía
Judicial, investigue los hechos ocurridos con el ánimo de esclarecer las
circunstancias y sus autores, y así, se adelante la consecuencia penal y
se materialice la aplicación de la justicia.
2.      A la Defensoría del Pueblo, y al Dr. FERNANDO CARRILLO, Procurador
General de la Nación, para que, conforme a sus funciones misionales y
legales, realicen seguimiento a la investigación que la Fiscalía General
de La Nación ejecutará.
3.      Al actual director de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, para
que de conformidad con la normatividad que rige su misión institucional,
y mediante el trámite de una medida de urgencia, se establezcan y/o
refuercen las medidas de protección individuales y colectivas a las
comunidades indígenas en el departamento del Chocó, principalmente en
los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, y que esto se haga en
concertación con las autoridades indígenas para que tenga enfoque
diferencial
4.      A las personerías municipales de Riosucio y Carmen del Darién, para
que verifiquen los hechos descritos, y desde su competencia se decreten
las garantías necesarias en materia de exigibilidad de derechos ante las
entidades obligadas a actuar, para prevenir y proteger a las comunidades
indígenas del departamento del Chocó.
5.       Al Mecanismo de Acompañamiento del Proceso de Paz en Colombia MAPP
OEA, para que en el marco de sus funciones, desarrolle las actuaciones
que correspondan, previniendo que dicha actuación desemboque en
afectaciones mayores a derechos de los integrantes de las comunidades
indígenas de Riosucio y Carmen del Daríen (Chocó), en especial a sus
autoridades tradicionales –gobernador, cabildo y demás líderes de la
comunidad que fueron amenazados, y que hoy están denunciando estas
acciones violentas por grupos armados al margen de la ley.
6.      A las Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, para que, en el marco de su mandato, se desarrollen
las actuaciones que correspondan, previniendo que nuevas actuaciones
desemboquen en más afectaciones a los derechos de los integrantes de la
comunidad indígena.
7.      Solicitamos a todas las entidades con asiento en la CDDHHPI, con
competencias directas se tomen concertadamente, las medidas URGENTES a
las que haya lugar, de acuerdo con sus funciones misionales y
obligaciones constitucionales y legales.
8.      Por último, solicitamos se remita a esta Secretaría un informe
detallado sobre los trámites, gestiones y respuestas dadas en relación
con las solicitudes elevadas en la presente coadyuvancia, con fundamento
en los alcances legales conferidos a esta Comisión en el marco del
Decreto 1396 de 1996.
Para todos los efectos de los requerimientos efectuados, anexamos los
siguientes documentos:

1.      Acción Urgente emitida por la Organización Nacional Indígena de
Colombia -ONIC-, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del
Departamento del Chocó -FEDEOREWA-, y la Asociación de Cabildos
Indígenas del Bajo Atrato -CAMIZBA-

Es importante señalar que la presente comunicación tiene por objeto
materializar los principios de colaboración armónica y coordinación
(artículos 113 y 209 de la Constitución Política), a los cuales está
llamada la Comisión en observancia del estatus que ostenta su creación
por decreto; además, quedamos atentos a cualquier inquietud que la
presente solicitud/coadyuvancia pueda suscitar, acusando recibo del
presente escrito y sus respectivos adjuntos y a la espera de pronta
respuesta de las medidas urgentes tramitadas en réplica a las
solicitudes relacionadas previamente.

Fraternalmente,

Documentos en PDF

ONIC FEDEOREWA CAMIZBA – Riosucio Carmen del Darién

ACCIÓN URGENTE CHOCÓ ABRIL 2019 OK

SECRETARÍA OPERATIVA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPI