PRONUNCIAMIENTO

FRENTE A LA SITUACIÓN ALARMANTE POR CONSTANTES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA Y FALTA DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS COMUNIDIADES POR LA EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de derechos humanos de la comunidad internacional y la misión de verificación del proceso de paz, sobre la alarmante situación de derechos humanos que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia y la falta de atención oportuna con enfoque diferencial para las comunidades en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional por el Covid-19 y pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Para la CDDHHPI es preocupante que, en el marco de la emergencia humanitaria generada por el virus COVID 19, continúen de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas: acciones extractivistas, deforestación, afectaciones al territorio, asesinatos, amenazas, atentados a los líderes sociales y a hermanos indígenas que luchan por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades, además de la situación de confinamiento en que varias comunidades están viviendo por la presencia de disputas territoriales entre grupos armados. Acorde con la estadísticas que aportan los Pueblos Indígenas para el seguimiento a la violación de derechos humanos en época de Pandemia por el COVID 19, entre el 17 de marzo hasta el 6 de mayo de 2020 se registran 2443 personas afectadas por los siguientes hechos victimizantes: confinamiento (1720 personas), desplazamiento forzado (700 personas), homicidios (10 personas), afectaciones territoriales (7 personas), homicidios (10 personas), muerte por omisión del estado (2 personas), amenaza colectiva e individual (2 casos), atentado (1 persona), retención ilegal (1 persona).

A lo anterior, se suma la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, pues en los pueblos indígenas de Colombia se reportan 143 resguardos que representan el 18% del total de 775 resguardos a nivel nacional, se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad y riesgo de exterminio físico por la pandemia generada por el COVID 19, a corte 21 de mayo el Sistema de Monitoreo Territorial de los Pueblos Indígenas, registra 314 personas indígenas contagiadas por el virus, de las cuales han fallecido 9 personas y se encuentran 161 casos pendientes por confirmar. La afectación se ha presentado en 23 pueblos indígenas en todo el territorio nacional, presentándose un grave riesgo, pues la tendencia es a incrementar el número de pueblos afectados. Si bien el Gobierno Nacional ha emitido diversos decretos para prevenir el contagio de la población en general y favorecer al sector económico, olvida las consideraciones de orden constitucional que reconoce derechos de las minorías étnicas, que son considerados sujetos de especial protección, vulnerando sus derechos y su diversidad étnica, dado que muy pocos de ellos se contemplan programas de atención especial a los pueblos indígenas y los pocos que sí, no se ejecutan.

Esta afrenta a los pueblos indígenas se hace evidente en el precario, por no decir inexistente, servicio de salud al que tienen acceso, en la carencia de planes de información, prevención y equipos médicos, convirtiéndose así en la población más afectada por el virus. Ante tal situación, son los mismos pueblos indígenas quienes a través de sus esquemas propios de protección, como la guardia indígena, han tenido que implementar procesos autonómicos de protección territorial para evitar el ingreso de personas foráneas a los territorios que eventualmente podría filtrar el virus a sus territorios.

Por otra parte, las medidas humanitarias concebidas por el Gobierno Nacional no han sido cumplidas, los mercados anunciados por el Ministerio del Interior y la adecuación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) se ha quedado en el papel o en manos de la corrupción. Es imperativo que el Ministerio Público y la Fiscalía adopten medida reales y eficaces que verifiquen sendos incumplimientos y lleven ante la justicia a sus perpetradores.

Los pueblos indígenas, a pesar de realizar llamados al Gobierno Nacional para que se genere una política pública y sanitaria que promueva estrategias diferenciales para la prevención y atención de la población indígena, a la fecha no se han construido, y las medidas implementadas son sólo paliativos que no aseguran garantías para la pervivencia de los pueblos indígenas.

Por todo lo anteriormente expuesto, RESPALDAMOSlos diversos pronunciamientos y denuncias realizadas por parte de las organizaciones indígenas y con base en lo anterior,

EXIGIMOS:

  1. Que las facultades excepcionales deben ser empleadas para garantizar la vida de toda la población y, en especial, la vida de los Pueblos indígenas, haciendo especial énfasis en implementar medidas de protección individual y colectivas frente a las situaciones de vulneración de derechos humanos.
  2. Que las estrategias sanitarias para prevención y atención de emergencia deben centrarse, no solo en los aspectos médicos de la pandemia acorde con el sistema de salud occidental, sino también considerar los sistemas de salud propio de los pueblos indígenas.
  3. Que las estrategias sanitarias para prevención y atención de emergencia deben centrarse, no solo en los aspectos médicos de la pandemia acorde con el sistema de salud occidental, sino también considerar los sistemas de salud propio de los pueblos indígenas.
  4. Que las medidas de contención, como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las necesidades especiales de los Pueblos Indígenas y el fortalecimiento de sus sistemas propios de protección territorial, así como medidas para garantizar estos ejercicios.
  5. Que se adopten especiales medidas en los territorios indígenas con alta probabilidad al contagio por estar ubicados especialmente en zonas de frontera, en donde es imperativo adoptar medidas de especial atención.
  6. Que se deben implementar misiones especiales concertadas con los Pueblos para la información, prevención y atención de los Pueblos indígenas en donde ya hay presencia del virus COVID 19.
  7. Que se brinden medidas eficaces de protección y ayuda humanitaria a los Pueblos Indígenas en contexto de ciudad, pues tras ser víctimas de desplazamiento forzado encuentran en los gobiernos locales actos de revictimización en vez de cumplimiento de funciones constitucionales.
  8. Que se fortalezcan las medidas de protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, quienes constituyen un grupo de altísima vulnerabilidad frente a la Pandemia.
  9. Que se tenga en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena, que se incluya y fortalezca el ejercicio de la medicina tradicional indígena para el autocuidado, además de consultar y considerar su consentimiento informado a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19.

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

-Decreto 1396 de 1996-

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