POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA MENOR EDAD DE LA COMUNIDAD INDIGENA EMBERA KATÍO POR PARTE DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL COLOMBIANO

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, por la vulneración a los Derechos Humanos de la menor Liliana Aizama Tanígama, perteneciente al Resguardo Indígena Embera Chamí Katío Gito Dokabú de Pueblo Rico-Risaralda, quien el pasado 21 de junio fue secuestrada y accedida sexualmente por un grupo de soldados del Ejército Nacional de Colombia – Batallón San Mateo,  quienes se encuentran en el territorio y de manera contrataría al mandato constitucional, se están convirtiendo en promotores de la violación a los derechos humanos y no a la garantía de los mismos, como debería ser. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, CONDENAMOSrotundamente los hechos descritos previamente, los cuales una vez más, ponen en evidencia las graves violaciones cotidianas a los Derechos Humanos de los niños indígenas, en esta ocasión debido a los abusos de las fuerzas militares quienes de manera indiscriminada violentaron física y psicológica a una menor de edad y a su familia, lo cual también tiene repercusiones comunitarias y en conjunto con todos los hechos ocurridos en el marco de la pandemia, que han generado violaciones a los derechos humanos, se constituye en un proceso sistemático que amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.  

A lo anterior se suman las declaraciones de personajes públicos que, en el marco de los hechos ocurridos, ponen en tela de juicio los hechos e insinúan que la responsabilidad podría estar en cabeza de las víctimas, eximiendo la evidente responsabilidad de las fuerzas militares. A esto se suma el transcurso de la investigación y proceso jurídico, el cual está dando muestras de buscar la forma de minimizar las condenas a los responsables y en suma, a que el peso de la justicia y la trascendencia de los hechos tomen otro curso, desviando la atención hacia temas de fondo al interior de las fuerzas militares, pues lo hechos demuestran una evidente carencia de una política de garantía de derechos humanos y sobre lo cual se amerita una restructuración de fondo para tomar las acciones pertinentes.