RECHAZAMOS LAS CONTINUAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y EXIGIMOS AL GOBIERNO UNA RESPUESTA INMEDIATA 

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, creada por Decreto 1396 de 1996, integrada por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, unimos nuestra voz en rechazo a las continuas violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática vienen sufriendo las comunidades indígenas de Colombia, y exigimos al gobierno de Iván Duque que, de manera urgente, tome las medidas necesarias para salvaguardar la vida de nuestros hermanas y hermanos amenazados por los grupos armados al margen de la ley y agentes estatales. 

Los pueblos indígenas, en cabeza de sus autoridades, cansados de la violencia, de la nula respuesta del Gobierno Nacional y una oferta institucional precaria y paquidérmica, que desconoce el enfoque diferencial y nuestra autonomía, le exigimos al Gobierno Nacional y a todas sus instituciones que nos escuche de manera  urgente en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas- CDDHHPI durante los días 13 y 14 de julio del 2020.

El llamado al Gobierno es desesperado, pues el balance realizado por la CDDHHPI y las organizaciones que la conforman, arroja un panorama de muerte y violencia sistemático en contra de los pueblos indígenas y el territorio ancestral, dado que del 17 de marzo hasta el dia 12 de julio se registran un total de 6.807 hechos de afectación a los derechos humanos y violacion al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, registrándose un alto porcentaje de afectación en departamentos como Chocó (66,44%), Antioquia (27,95%),Nariño (4,71%),Cauca (0, 38%) y Valle del Cauca (0,37%). A continuacion mencionamos algunos hechos: el asesinato de nuestros líderes, como el del compañero, líder indígena y defensor de derechos humanos, Rodrigo Salazar, asesinado en Nariño por desconocidos; el asesinato a manos de agentes del Estado del líder indígena Joel Aguablanca Villamizar, en Chitagá, Norte de Santander; en el departamento del Chocó fueron asesinados Rubilio Papelito Limón, docente indígena de la comunidad Santa María Birrinchao del municipio de Bajo Baudó, Américo Hachito Indígena Embera Dóbida, guardia indígena de la comunidad Oficina río Purricha Bajo Baudó y Wilson Sabugara Becheche del pueblo Embera Dóbida muerto por mina antipersona. 

La violencia sexual es un metodo que busca intimidar a nuestras mujeres y generar miedo y zozobra en las comunidas por parte de actores armados, tanto legales como ilegales. Estos actos de deshumanizacion se presentaron el los departementos de Risaralda  (21 de junio de 2020) y Guaviares (8 de septiembre de 2019). El registrado este año fue  perpetrado por siete miembros del Ejército Nacional, quienes agredieron sexualemnte a una niña Embera de 11 años en el resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico, noroeste de Risaralda; otra de los hechos ocurrió el año pasado, y mediante fuentes periodísticas fue sacado a la luz pública el día  29 de junio del presente año, en donde ocho suboficiales del Ejército que retuvieron y violaron  en una guarnición militar a una niña de 15 años de la etnia Nukak Makú, en Guaviare.

Los pueblos indígenas no somos parte del conflicto armado, pero las autoridades militares, cuyo jefe máximo es el Presidente de la República, Iván Duque, continúan realizando operaciones de combate en nuestros resguardos y comunidades sin tener una autorización de nuestras autoridades tradicionales, violando la  constitución y nuestra autonomía como pueblos. Asimismo,  al realizar estas operaciones en nuestros territorios, nos sumergen de lleno en el conflicto con los otros actores armados y nos convierten en un objetivo militar que no somos.

Pero al igual que a nuestras hermanas, nuestra tierra, nuestro territorio es violado cuando se siembra la semilla de la muerte en sus entrañas, con minas antipersona y municiones provenientes de combates que no nos corresponden; nuestros territorios sufren, al ser convertidos en campos de explotación minera y extractiva sin nuestro consentimiento; sufre, cuando los campos extractivos contaminan nuestros suelos de cultivo y nuestros ríos,  que son fuente de sustento para nuestros pueblos, mientras que las autoridades ambientales miran a otro lado o son sobornadas por los capitales foráneos. 

Para la CDDHHPI es preocupante que, en el marco de la emergencia humanitaria generada por el virus COVID 19, continúen de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas: acciones extractivistas, deforestación, afectaciones al territorio, asesinatos, amenazas, atentados a los líderes sociales y a hermanos indígenas que luchan por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades, además de la situación de confinamiento en que varias comunidades están viviendo por la presencia de disputas territoriales entre grupos armados.

En consecuencia, de lo anterior y como promotores de paz que somos los pueblos indígenas, reclamamos garantías, respeto y voluntad al Estado sobre la atención de los casos anteriormente mencionados, y EXIGIMOS al Gobierno Nacional, que representa a todos los colombianos, al Ministerio del Interior, en cabeza de la ministra Alicia Arango Olmos, y a las demás instituciones del Estado, no mirar a otro lado y atender la grave situación de Derechos Humanos que atraviesa el país y los pueblos indígenas.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Decreto 1396 de 1996