**En el 2020 hubo un incremento del 67% de asesinatos a lideresas y líderes indígenas, respecto al 2019. Organizaciones indígenas declaran Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía. **

Quito, Ecuador, 14 de abril de 2021.- Los asesinatos contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica, se han incrementado de forma alarmante: en 2020 se registraron 202 asesinatos en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia1. Esto significa que cada dos días, en promedio, muere un defensor en la Amazonia.

La cifra de asesinatos de 2020 es 67% mayor a la registrada en 2019, año en el que 135 defensores ambientales y de territorios perdieron la vida 2.

La tendencia no parece detenerse, ya que tan sólo en el primer trimestre de 2021 se han registrado, por lo menos, 16 asesinatos de hermanas y hermanos indígenas (Colombia y Perú) 3, quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y la madre naturaleza.

Esta alarmante situación pone en evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos para los pueblos indígenas de la Amazonía, agravada en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que amenaza con la pervivencia de quienes habitan y protegen la cuenca más biodiversa del mundo 4.

Ante ello, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países amazónicos 5 han lanzado la “Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía: Sangre en la selva, exigimos justicia.”

“El dramático aumento de asesinatos en el marco de la pandemia, ha puesto en peligro a los defensores indígenas y sus comunidades, al tiempo que pone en riesgo la selva tropical más grande del mundo y la biodiversidad que protegemos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de COICA.

“Exigimos a nuestros gobiernos y a las instancias internacionales que tomen acciones para proteger a nuestros defensores y a nuestras comunidades porque deben hacerlo, caso contrario se convierten en cómplices de un etnocidio” sentenció Díaz Mirabal. “Deben estar conscientes y la ciencia muestra, que no van poder responder a las demandas de un mundo en crisis sin nuestra contribución como pueblos indígenas, sin reconocer nuestros derechos, y sin acabar con las amenazas que nos están poniendo en riesgo.”

“Detrás de los asesinatos a defensoras y defensores indígenas de derechos humanos y la madre naturaleza, existen problemas estructurales vinculados directamente con el avance de las actividades extractivas que responden a intereses de las corporaciones con acuerdos estatales, que atentan contra la integridad física y cultural de nuestros pueblos”, manifestó, Oscar Daza, Coordinador de DDHH de OPIAC.

Jiribati Ashaninka, Presidente de ORAU – Perú, denunció que las muertes de defensores y defensoras indígenas es un registro que el Estado no tiene claro y que el gobierno peruano no ha tomado medidas específicas de protección para los y las defensoras indígenas amazónicas. “Nos están matando, y exigimos acciones urgentes”, concluyó.

Las organizaciones firmantes de esta declaratoria demandan a las instancias internacionales de acuerdo a sus funciones y competencias:

· A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un enérgico pronunciamiento y requerir información a los gobiernos de la cuenca amazónica sobre las acciones implementadas de prevención, atención y reparación para indígenas víctimas de amenazas y asesinatos por la defensa de sus vidas y sus territorios. A las Naciones Unidas, presentar un informe de seguimiento sobre los asesinatos de defensoras y defensores indígenas de la cuenca amazónica y formular recomendaciones a los Estados de los 9 países amazónicos, para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

· Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que haga suya esta declaratoria en el marco de la celebración de su 20va sesión, del 19 al 30 de abril de 2021, e inicie un proceso para diseñar y adoptar una recomendación general sobre las defensoras y defensores indígenas, incluyendo acciones de prevención y atención, en específico la titulación de territorios indígenas como mecanismo de erradicación de actividades ilegales.

· A la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como secretaría técnica, que junto con los gobiernos de la región que forman parte del Acuerdo de Escazú, aperturen el proceso de negociaciones de la COP para Escazú, con la participación de las organizaciones indígenas e incluyan en el comité de cumplimiento e implementación del Acuerdo a delegados de los pueblos indígenas de la Amazonía.

A los gobiernos de los 9 países amazónicos, exigen:
· Adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y

defensores indígenas de la Amazonía.

· Realizar acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas respectivas, de las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios indígenas, para su efectiva erradicación.

· Garantizar la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, que permita salvaguardar la pervivencia de las selvas y culturas y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social.

· Respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, como una alternativa que fortalezca la auto gobernanza, garantizando derechos individuales y colectivos, y así evitar agresiones, detener hostigamiento, persecución, criminalización, violaciones y asesinatos.

· Ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluye la disposición de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.