Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, dos lamentables hechos que atentan contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia y que se suman a los miles de casos que constituyen un genocidio y respecto del cual el Estado colombiano es notoriamente ineficiente.

En primer lugar, el HOMICIDIO de SANDRA LILIANA PEÑA, Autoridad Indígena y Gobernadora del Resguardo de La Laguna, ocurrido en el corregimiento de Pescador, vereda El Porvenir del Municipio de Caldono, Cauca. El día 20 de abril en horas de la mañana, hombres armados la obligaron a salir de su vivienda y sin mediar palabra, le dispararon con arma de fuego. Sandra Liliana era una de las lideresas más respetadas en el departamento y era reconocida por sus acciones firmes en contra de los cultivos ilícitos en los territorios indígenas, lo cual le había conllevado amenazas que fueron elevadas a las entidades correspondientes, sin respuesta oportuna.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el día 21 de abril de 2021 se inició una Minga de Control Territorial convocada por las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como respuesta al asesinato de la líder indígena, en el cual se destruyó al menos un laboratorio ilegal de procesamiento de droga. Hacia el mediodía fueron atacados con ráfagas de fúsil, y hasta el momento se reportan 12 agresores armados detenidos por la Guardia Indígena y 31 indígenas heridos, los cuales han sido enviados a Popayán, Santander de Quilichao y al menos una autoridad fue enviada a Cali.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, CONDENA rotundamente los hechos descritos previamente, los cuales se suman al contexto de amenazas e intimidación que sufren las comunidades del suroccidente por causa del recrudecimiento del conflicto, poniendo una vez más en evidencia, cómo la violencia arremete contra nuestros líderes, autoridades y miembros de las comunidades, en este caso del pueblo Nasa en el Departamento de Cauca. Hechos que ponen al descubierto la falta de garantías estatales para la protección de la vida, la seguridad, la integridad física y cultural de nuestros pueblos indígenas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, NOS UNIMOS a los pronunciamientos y denuncias realizadas por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y las demás organizaciones indígenas y con base en lo anterior:

SOLICITAMOS:

  1. A la DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que realice la articulación necesaria y gestión para que se instale de manera urgente una mesa incidental humanitaria para la articulación de medidas y despliegue de organismos estatales y no gubernamentales para la atención de estos casos y de otros que han sido denunciados ante los entes competentes clamando atención urgente. 
  • A la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables del homicidio contra la gobernadora Sandra Liliana Peña y a los autores del ataque armado a la Minga de Control Territorial.  
  • A la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP-, para que, de conformidad con su misión institucional, establezca y refuerce medidas de protección colectivas e individuales para los resguardos indígenas del Cauca, en concertación con sus autoridades y con enfoque diferencial.
  • Al MINISTERIO DEL INTERIOR, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y DEFENSORIA DEL PUEBLO, acompañar la concertación anterior con el Consejo Regional Indígena de Cauca -CRIC- y la CDDHHPI, para tomar medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial indígena para las comunidades del Cauca. 
  • A todos los Grupos Armados Legales e Ilegales que hacen presencia en el departamento de Cauca que respeten definitivamente la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y de sus líderes y lideresas.
  • A la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU, MISION DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE PAZ – MAPP-OEA, CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS -CRN-, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA -CICR-, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH e INSTITUCIONES DE DDHH DE COLOMBIA realizar acompañamiento permanente a las comunidades objeto de las victimizaciones mencionadas en esta denuncia e iniciar gestiones ante el Gobierno Nacional para coadyuvar las solicitudes de los pueblos indígenas con el fin de que se garanticen sus derechos humanos y fundamentales. 

COMUNICADO OFICIAL DE LA:   COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-Decreto 1396 de 1996- Abril 23 de 2021