as Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” – AICO miran con gran preocupación las amenazas dirigidas al Pueblo Emberá Katío del Resguardo Gito Dokabú, ubicado en Pueblo Rico, Risaralda por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN en el mes de abril de 2021. Resulta grave el contenido de las amenazas en donde adicionalmente se señala injuriosamente la supuesta colaboración de la población indígena con los integrantes del Ejército Nacional de Colombia, e impedir la captura de una persona buscada por el ELN.

Esto además de atentar contra nuestros derechos como pueblos indígenas y ponernos en manifiesto peligro, ignora el papel de defensores de la vida, el territorio y la paz en nuestros territorios que como indígenas hemos ejercido milenaria e históricamente. Insistimos en la defensa de la vida y la paz como bandera de nuestro movimiento indígena.

Preocupa además que estas amenazas han sido dirigidas contra autoridades, mayores y educadores de las comunidades, agravando este hecho al ser representantes y figuras de relevancia política, social y espiritual. Es así como los compañeros Abraham Dovigama Nequitaa (docente de primera infancia), Alirio Niaza Arce (líder indígena), Efrain Niaza Arce (gobernador menor de Canchido), Libardo Niaza Arce (Docente y líder indígena) y Uriel Bateza Nequita (docente modalidad familiar), han recibido amenazas directas contra sus vidas por parte de los actores armados.

Como resultado de las amenazas y señalamientos, los y las integrantes del resguardo Gito Dokabú (aproximadamente 212 personas agrupadas en 54 familias) han quedado confinadas forzosamente en sus territorios desde el día 30 de abril de 2021, fecha en que se reporta este hecho por parte de las autoridades indígenas, lo cual adicionalmente ha impedido el desarrollo de las actividades tradicionales de economía propia orientadas a la producción agrícola, atentando de esta manera no sólo contra la vida, la libertad, y la seguridad, sino también contra la seguridad alimentaria de los habitantes del resguardo.

A lo anterior se suma la llegada de un aproximado de 180 personas desplazadas forzadamente, incluidos niños, niñas y mayores de edad, de la comunidad Palmira del Resguardo Alto Andágueda del municipio de Bagadó en el departamento de Chocó. Lo que ha agudizado la crisis humanitaria al interior del resguardo.

Desde las autoridades tradicionales del resguardo Gito Dokabú y AICO, además de denunciar y condenar estos hechos, se solicita el apoyo y presencia inmediata del Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría, Personería, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad para las Víctimas, así como de las autoridades gubernamentales departamentales y municipales de Pueblo Rico, Risaralda, así como el apoyo de los organismos e internacionales con el fin de enviar una misión de verificación y adoptar las medidas correspondientes que posibiliten solucionar estas vulneraciones a los Derechos Humanos, evitando con esto el desplazamiento de la población indígena hacia otros territorios que pueden aumentar el riesgo la vida y la seguridad de los integrantes del resguardo Gito Dokabú.

Así mismo, hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, así como a los organismos internacionales a replicar, apoyar y realizar las acciones que consideren pertinentes para acompañar esta denuncia pública.

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