DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA LA REPRESIÓN POLICIAL A LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA PROTESTA

Los pueblos indígenas de Colombia, hoy presentes en las grandes ciudades como Cali, capital del Valle del Cauca; a través de la guardia indígenas declarada en minga permanente manifestamos a la opinión pública que salimos de nuestro territorio obligados por la incapacidad del Gobierno Nacional de garantizar los derechos de la población en general y la población indígena en particular. De la misma manera, justificamos nuestra movilización en el incumplimiento sistemático de los acuerdos suscritos entre la población indígena del país y el Gobierno Nacional que ha devenido en la vulneración al derecho a la autonomía y libre autodeterminación reconocidos jurídicamente. Aclaramos que nuestra movilización es pacífica y que en ningún caso nos manifestamos a través de la violencia como muchos sectores pretenden mostrarnos ante la sociedad civil. No nos valemos de las armas para manifestar nuestro inconformismo, al contrario, apoyados en nuestros bastones de mando elevamos nuestras peticiones al gobierno a través de la movilización pacífica y la invitación al diálogo nacional. 

Entendemos que la forma como los medios de comunicación y el Gobierno Nacional han descalificado y estigmatizado a los marchantes pertenecientes al sector obrero, campesino indígena, Afro y popular, ha servido para justificar la represión y el ataque sistemático tanto físico como moral que se manifiesta en agresiones, abuso de la fuerza, tentativas de homicidio por parte del ESMAD y la Policía Nacional. Así mismo, esta estigmatización ha puesto a una parte de la población en contra de los manifestantes lo que ha originado situaciones graves como la que se vivenció el pasado domingo 9 de mayo en la ciudad de Cali, donde unas personas civiles y armadas atacaron a la minga indígena. 

Por ellos, como pueblos indígenas de Colombia rechazamos categórica y enérgicamente el ataque al derecho a la protesta, la vulneración del derecho a la movilización pacífica, la constante provocación por parte del Estado, la incitación a la violencia en redes sociales, en noticieros y las alocuciones presidenciales, así como en medios radiales.

Rechazamos contundentemente la actividad violatoria de los DDHH de los marchantes por parte de la fuerza pública, y rechazamos la impunidad de la que gozan quienes desde el extremo contrario ideológico o político cometen crímenes contra los marchantes. Así mismo, hoy desde Cali denunciamos ante lo opinión pública, que desde el Estado como aparato de represión se vine gestando un discurso desentendido de la realidad social, que deslegitima de forma constante razones completamente válidas por las que la comunidad colombiana salió a las calles. Este hecho ha simplificado la situación critica del país y ha desviado la atención de las peticiones de los marchantes, caracterizando su accionar como vandalismo común desconociendo el derecho al trato digno. En efecto, los noticieros han mostrado una imagen contraría a lo que se vive en las calles. 

La protesta pacífica ha sido infiltrada por personas ajenas a los movimientos sociales ya sean bandas organizadas de delincuencia o simplemente funcionarios de las fuerzas de seguridad camuflados en la marcha para crear caos. Dicha gestación del discurso deslegitimador no es una práctica aislada, todo lo contrario, es una táctica que pretende justificar los actos violentos de personas que mal guiadas por estos discursos ven al marchante como el enemigo y legitiman la utilización de la violencia contra el marchante bajo la consigna de la legitima defensa de sus derechos.

En ese mismo sentido, los pueblos indígenas de Colombia denunciamos ante la opinión pública internacional, la fuerza represiva, desproporcionada, incitadora de violencia y estigmatizante, desplegada por el presidente de la Republica Ivan Duque Márquez, y esgrimida por el ESMAD, la Policía Nacional y las fuerzas militares desplegadas en la ciudad de Cali. Estos actores han incursionada en manifestaciones pacíficas provocando caos y muerte, incitando a los marchantes a la confrontación a través de tácticas de terror como lo son el cercado de las congregaciones como ocurrió en la Univalle. Asimismo, denunciamos la persecución judicial de los marchantes a través de la estigmatización como terroristas, y por supuesto, el constante abuso de la autoridad a través de la represión por igual del marchante pacífico y del infiltrado que vandaliza, violando con ello el principio de distinción exigible a la acción disuasiva de la policía. Igualmente, denunciamos el abuso en el proceso de conducción de los marchantes hacia los centros de detención sin que dicha conducción esté justificada en el estado de excitación o alteración del sujeto que está siendo trasladado. De la misma manera, denunciamos los abusos de índole sexual que han sufrido en especial las compañeras marchantes y la impunidad disciplinaria y penal de quienes abusan de su autoridad, quienes cometen delitos amparados por el uniforme y las armas del Estado y de quienes en esta semana, vestidos de blanco, en camionetas de alta gana y en contubernio con la policía nacional, armados salieron a las calles como una especie de escuadrón de la muerte con el ánimo de atacar a los marchantes de la ciudad de Cali.

En suma, denunciamos públicamente la actitud permisiva del presidente de la república, el ministro de justicia y el ministro de defensa que consintieron que estos individuos armados salieran a atacar violentamente a los marchantes. Denunciamos públicamente que el silencio del presidente de la republica lo hace cómplice ante esta nueva táctica de enfrentar la marcha mediante el accionar de civiles armados, como ocurrió en Cali. Esta práctica está provocando un eco peligroso en el resto del país, eco que puede llevar a que la misma táctica sea empleada para atacar a la marcha con armas de fuego en otras ciudades del país. 

Para finalizar, al pueblo colombiano y en especial al pujante y resistente pueblo Valluno, queremos manifestarle nuestro agradecimiento por permitirnos ser su guardia, cuidar de sus movilizaciones y ejercer con dignidad esa bella misión de ofrendar la integridad y la vida por nuestro pueblo colombiano del cual, hoy más que nunca, nos sentimos parte, pues nunca antes nuestros hermanos mestizos y blancos se habían sentido más cercanos a la causa indígena y afro que ahora es la causa popular.

Mayo 11 de 2021
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Decreto 1396 de 1996