La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, reunida en la segunda sesión ordinaria entre los días 19, 20 y 21 de octubre de 2021, denuncia las graves vulneraciones a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas a causa de la agudización del conflicto armado en los territorios; la violación a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario – DIH por parte de grupos armados legales (fuerza pública) e ilegales (grupos paramilitares, disidencias de las FARC-EP y grupos de narcotráfico); la falta de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, incluido el capitulo étnico. Todo lo anterior es muestra del proceder doloso del gobierno del presidente Iván Duque.  

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación expresan su extrema preocupación por el aumento creciente de las violaciones a los derechos humanos. Solo entre enero y octubre de 2021 se han identificado cerca de 12.251 hechos victimizantes: 9341 confinamientos; 2444 personas desplazadas; 117 homicidios; 159 casos de amenazas individuales y colectivas; 11 atentados; 4 secuestros; 3 masacres; 3 muertes y 2 heridos por minas antipersonas; 72 hostigamientos y combates; 3 retenciones ilegales; 2 casos de tortura;  2 desaparecidos; 41 reclutamientos forzados, entre otras afectaciones. Entre los departamentos con mayor número de vulneraciones se encuentran Chocó, Cauca, Putumayo, La Guajira, Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Vichada y Arauca, siendo los pueblos indígenas principalmente afectados los Wounaan; Embera Dobida, Katio y Chamí;  Zenú; Nasa; Sikuani; Wayuu; Yanacona; Wiwa; Awá; Bari; Kametsa; Eperara Siapidara; Pastos; Yukpa; Arhuaco e Inga. 

En el departamento del Chocó los hechos victimizantes se registran principalmente con casos de confinamiento y desplazamiento forzado, además de un registro de 9 homicidios,  el caso más reciente es el fallecimiento de María Pedroza Isaramá pertenecía al Pueblo Embera Dobida,  víctima de una mina antipersona, en la comunidad de Puerto Luis, Resguardo Nauca, municipio Alto Baudó. En el departamento de Nariño se registraron 14 homicidios, en Putumayo 3, La Guajira 4, Cesar y Arauca, un homicidio cada uno.  En el departamento del Cauca se han registrado 85 homicidios de comuneros, 4 de ellos corresponden a autoridades indígenas; 24 incursiones armadas en donde se ha logrado establecer que varias de ellas tenían como objetivo realizar atentados contra líderes, comuneros y guardias indígenas; 92 amenazas individuales en contra de autoridades, líderes y guardias indígenas, 43 amenazas colectivas y 40 reclutamientos de niños y niñas indígenas por grupos armados ilegales entre otras afectaciones en contra de guardias indígenas, líderes  y organizaciones; los últimos asesinatos a tres comuneros se presentaron entre 18 y 19 de octubre en el municipio de Caldono y la Vega, que fueron encontrados amarrados y con impactos de bala; todos estos hechos se presentan como retaliación frente a las acciones del control territorial que hacen las autoridades tradicionales en el marco de su autonomía en conjunto con la guardia indígena. Sin duda esta estrategia es un plan que pretende desestabilizar las políticas comunitarias de los pueblos indígenas, los mandatos comunitarios en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, para lograr salvaguardar el negocio del narcotráfico, el favorecimiento a los terratenientes y multinacionales que pretenden copar y tomar control del territorio. 

Es importante mencionar que el total de víctimas indígenas registrado históricamente por desplazamiento forzado, confinamiento y asesinatos según las cifras oficiales supera los 242.884 personas. Las organizaciones indígenas han venido denunciando que estos fenómenos poseen una correlación directa con los intereses en sus tierras y territorios, en el marco de una estrategia de territorio vacío y exterminio cultural. 

Actualmente, un grupo de más de 1000 indígenas pertenecientes a la nación Embera se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C, a la intemperie en el Parque Nacional. Son desplazados producto del recrudecimiento de la violencia que sigue azotando sus territorios ancestrales de Chocó y Risaralda y que no tuvieron otra opción más que salir de sus territorios, buscar soluciones en la capital y realizar las respectivas peticiones al gobierno nacional referidas a atender con urgencia la situación humanitaria y de emergencia por la que atraviesa esta población dentro de la que se encuentran niños, niñas, adolescentes y ancianos. 

Estas familias requieren retornar a sus territorios con justicia, paz, reparación integral y garantías para la no repetición. Sin embargo, en un acto de revictimización, el pasado 19 de octubre de 2021 fueron víctimas de un ataque por parte del ESMAD en el marco de un desalojo ordenado por la alcaldesa Claudia López, desatendiendo lo establecido por parte de la Corte Constitucional en esta materia, especialmente en la sentencia T 528 de 2011[1] y en el reciente fallo SU 016 de 2021, donde la corte advirtió de la protección especial en materia de población desplazada y revictimizada por desalojos[2].

Asimismo, mencionar los últimos acontecimientos sobre el escabroso asesinato de 2 jóvenes en el municipio de Tibú, Norte de Santander, ambos provenientes de Venezuela y pertenecientes al pueblo plurinacional Wayuú, quienes infortunadamente, a causa de las dificultades económicas y sociales que enfrentan los pueblos indígenas transfronterizos en Colombia, fueron retenidos ilegalmente por un grupo de comerciantes y personal de seguridad privada de un establecimiento comercial quienes posteriormente en un acto delictivo, los entregaron a grupo criminales que terminaron con sus vidas. 

La situación de riesgo se manifiesta con la misma gravedad en los pueblos indígenas de la región amazónica. En el departamento de Amazonas los grupos armados ilegales han copado las cabeceras urbanas de las principales áreas no municipalizadas y ocupado las comunidades; en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, los casos de reclutamiento forzado, ocupación del territorio ancestral por parte de actores armados legales e ilegales, amenazas y homicidios selectivos, aumentan cada vez más; en el departamento del Guainía, a las afectaciones a causa del recrudecimiento del conflicto armado se suma la minería legal e ilegal que se configura como una fuerte amenaza en contra de los derechos territoriales y la pervivencia de los pueblos indígenas que habitan el departamento. Como caso emblemático se encuentran comunidades del pueblo Nukak Makú y Jiw que por la pérdida de bosque en su territorio ancestral en el departamento del Guaviare, el conflicto armado y la relación con los colonos los ha empujado a  comunidades a centros poblados como San José del Guaviare y que hoy varios jóvenes menores de edad se encuentran entre el consumo de drogas y la explotación sexual. 

A todo lo anterior se suma la desatención por parte del Estado Colombiano en los distintos territorios, particularmente los pueblos plurinacionales en zona de frontera, que viven altas tasas de desnutrición, mortalidad infantil situaciones precarias de condiciones de vida, mendicidad, prostitución infantil, reclutamiento forzado consumo de sustancias psicoactivas entre otras. Debe resaltarse especialmente la situación del pueblo indígena Wayuu en el departamento de la Guajira que históricamente ha estado en completo abandono Estatal, en un estado de cosas inconstitucional; los Wayuu registran la tasa más alta de mortalidad infantil en Colombia con 60,4 defunciones por cada mil nacidos vivos. Aunque la CIDH (2017) adoptó medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira por considerar que sus vidas e integridad personal se encontraban amenazadas y en riesgo, la mortalidad infantil y desnutrición de los niños indígenas Wayuú continúa en aumento. 

Ante tanta indolencia del Estado Colombiano actualmente 7 jóvenes de este departamento se encuentran en Bogotá, desde hace 20 días en una huelga de hambre para que su voz sea escuchada y se brinde las garantías de los derechos colectivos para la población más desfavorecida en este departamento. 

Adicional a los hechos mencionados, el Gobierno Nacional ha implementado una estrategia de fraccionamiento en diferentes contextos geográficos, pero de manera particular ha afectado los cuatro Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, desconociendo las estructuras de gobierno propio así como creando asociaciones de autoridades que han pretendido suplantar los Cabildos Gobernadores y han generado tensiones al interior de los cuatro Pueblos. Sumado a lo anterior se ha desconocido la competencia jurisdiccional de las autoridades en los territorios, presentando injerencias en la toma de decisiones en materia de administración de justicia y control efectivo del territorio. Recordamos que la estructura organizativa espiritual de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta está fundamentado en los ezuama y kankwrwas, son las bases y allí los mamus en colectivo interpretan para la toma de decisiones, que han venido siendo desconocidas por el Ministerio del Interior, entre otras entidades. 

Alertamos además sobre los múltiples intereses que confluyen sobre los territorios de los cuatro pueblos de la SNSM para el desarrollo de megaproyectos mineros y ecoturísticos, así como construcción de represas hidroeléctricas. Recordamos además la obligación con la consulta previa de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1991.

Así las cosas, el fortalecimiento de los actores armados ilegales; el recrudecimiento de la confrontación bélica alrededor y dentro de los territorios ancestrales indígenas; el incremento de la explotación minero-energética que conlleva a la degradación del territorio y las distintas formas de vida; la desatención por parte de las instituciones estatales a las situaciones de emergencia y las estrategias de fraccionamiento por parte del gobierno al interior de algunos pueblos indígenas que atenta contra los principios de autonomía y gobierno propio, constituyen los contenidos principales de una situación estructural de afectación a los derechos humanos fundamentales y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

Ante la crisis humanitaria en la que se encuentran los pueblos indígenas a nivel nacional, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas ha insistido en que es de vital importancia hacer efectivos los escenarios de diálogo de Gobierno a Gobierno y los acuerdos pactados en el marco del ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada realizada para el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se ha hecho evidente la falta capacidad del Gobierno Nacional para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Por lo anterior:

Exigimos:

  • Al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Ivan Duque y Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas y grupos al margen de la Ley  el respeto por la vida, las dinámicas organizativas, las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas así como la salvaguarda de nuestros territorios ancestrales frente a los intereses extractivistas. 
  • El desmonte inmediato de la política de estigmatización, señalamiento, criminalización y judicialización de los procesos organizativos y de exigencia de derechos de las comunidades.
  • Cumplimiento inmediato de medidas cautelares para los Pueblos Indígenas de manera concertada con las comunidades que respondan a las necesidades y no a la imposición desde la institucionalidad del gobierno nacional.
  • Levantamiento de restricciones de transporte de los insumos culturales necesarios para el desarrollo de la medicina tradicional y de los símbolos de autoridad de los pueblos indígenas, en el marco de nuestro derecho a la autonomía y a la pervivencia cultural.
  • Cumplimiento del Decreto 1396 por parte de las instituciones de Gobierno así como de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, producto del proceso de consulta previa y actualmente ley de la República.
  • Dar cumplimiento con lo estipulado en el capítulo etnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. 
  • Parar el exterminio físico y cultural al cual están sometidos los Pueblos Indígenas en el territorio.

Solicitamos:

  • Adelantar de manera urgente una visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de ONU.
  • A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implementar una misión de observación sobre la situación de emergencia de los Pueblos Indígenas.
  • Convocamos a los organismos internacionales a una mesa de coordinación para identificar acciones humanitarias que propendan por la solución de la situación de grave vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Adelantar de manera urgente una Comisión para desminado Humanitario (Minas Antipersonal -MAP y las Municiones Usadas Sin Explosionar-MUSE) en el departamento del Chocó, para la cual se deberá coordinar con las autoridades indígenas en territorio. 
  • La instalación de una mesa entre las autoridades indígenas y la CIDH, ACNUR y ONU para verificar y hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Ante el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, nos declaramos en alerta máxima y asamblea permanente en coordinación con las Autoridades Indígenas para la defensa de los Derechos Humanos y la vida de nuestras comunidades.

¡Sigan contando con nosotros para la Paz, nunca para la guerra!

21 de octubre de 2021. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia Decreto 1396 de 1996