CIDH: 2022 año violento para la defensa de los derechos humanos en las Américas
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 126 personas defensoras en el 2022, resultado de la violencia contra ellas; y reitera su llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos.
El último cuatrimestre del año registró 42 asesinatos de personas defensoras que son de conocimiento de la Comisión Interamericana, mientras que de enero a agosto fueron 84. Un gran número de estos asesinatos se cometieron en contra de personas defensoras indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente y territorios.
En Brasil, durante los últimos cuatro meses del 2022 se registraron al menos 8 asesinatos de personas defensoras, según información de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). En diciembre fue asesinado Raimundo Nonato Silva de Oliveira integrante del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) en Araguatins, Tocantins. En noviembre, Cleijomar Rodrigues Vasques, defensor indígena Guarani Kaiowá LGBTI en Amambai, Mato Grosso do Sul y Nhandesy Estela Verá defensora indígena Guaraní en Japorã, Mato Grosso do Sul. Entre septiembre y octubre fueron víctimas de asesinato, el líder indígena Yanomani Cleomar Xirixana en Napolepi, Alto Alegre; el defensor indígena Pataxó Gustavo Conceição en Comexatibá, Patax; el defensor indígena integrante de la Guardiões da Floresta, Janildo Oliveira Guajajara en Amarante do Maranhão, Maranhão; Jael Carlos Miranda Guajajara defensor indígena Guajajara en Arame, Maranhão; y Vitorino Sanches, líder indígena Guarani Kaiowá en Amabai, Mato Grosso do Sul y quien había sobrevivido a un intento de asesinato en su contra el 2 de agosto.
Colombia es el país que más asesinatos registra en el periodo mencionado, OACNDUH verificó 26 casos, y 20 que se encontrarían en proceso de confirmación. Entre noviembre y diciembre, fueron asesinados el líder social Filadelfo Anzola Padilla en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar; la lideresa indígena Yermi Chocué Camayo, en Morales, Cauca; el líder comunal Edgar Omar Ayala Pinto en Cúcuta, Norte de Santander; el líder indígena Juvencio Cerquera en Sotará, Cauca; los líderes indígenas Francisco Sarco Pipicay y Carlitos Urágama Cano en Quibdó, Chocó; y el líder social Carlos Andrés Posada en el municipio de Ituango, Antioquia.
También en Colombia, entre septiembre y octubre fueron asesinados el líder social Natanael Díaz en Magangué, Bolivar; el líder social afrodescendiente Edinson Murillo Ararat en Santander Quilichao, Cauca; el líder social Rigo Alape en Puerto Leguízamo, Putumayo; el líder social Ferney Morales en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo; el líder social afrodescendiente Fredy Mena Oregón en Lloró, Chocó; el líder comunal afrodescendiente Silvio Landazury Castillo en Mocoa, Putumayo; el líder comunal Rafael Emiro Moreno Garavito en Montelíbano en Córdoba; el líder social Gildardo Alonso Ríos en Fortul, Arauca; el líder social Sócrates Sevillano y su esposa en Orito, Putumayo; y el líder social afrodescendiente Adelmo Balanta en Buenos Aires, Cauca; el líder social William Pedraza en Leticia, Amazonas; la lideresa Luz Angelina Quijano Poveda en Bucaramanga, Santander; la lideresa Sandra Patricia Montenegro el en Palmira Valle del Cauca; el líder sindical Sibares Lamprea Vargas en Barrancabermeja Santander, el líder social Luis Antonio Charry en El Paujil, Caquetá; el líder social Frai Torres Marroquín en el corregimiento de Ciénaga, Magdalena; el líder indígena Diocelino García Bisbicus en Tumaco, Nariño; el líder social Dinael González Criado en Tibú, Norte de Santander; y la lideresa indígena Clemencia Arteaga lideresa en Villagarzón, Putumayo. Por su parte, el Defensor del Pueblo, registró un total de 215 asesinatos de personas defensoras durante el 2022, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016.
El Estado de Colombia informó a la Comisión estar investigando los casos mencionados. Indicó que, desde el 2016, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una estrategia específica para la investigación y judicialización de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país, bajo el estándar internacional de la debida diligencia. Indicó que, actualmente la Unidad Nacional de Protección (UNP) protege a 3,067 líderes sociales. Asimismo, destacó una serie de medidas que se estarían implementando a fin de rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, desde un enfoque diferencial individual y colectivo. Colombia señaló que uno de sus principales objetivos es el cese de los asesinatos y agresiones contra personas defensoras y liderazgos sociales.
En Guatemala, de acuerdo con información pública, fue asesinado Tereso Cárcamo Flores integrante de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Aldea de La Paz en el sector Jiménez, Jalapa, en diciembre. El Estado guatemalteco informó a la Comisión que se encuentra realizando la investigación penal correspondiente, conduciendo las respectivas diligencias a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos e individualización de las personas responsables.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras en los últimos cuatro meses del 2022. En diciembre, fue asesinado Mauricio Esquivel, defensor de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente, Tocoa, departamento de Colón. En octubre, fue asesinada Melisa Núñez, defensora en Morocelí, departamento de El Paraíso.
En México, cifras de OACNUDH indican que al menos 4 personas defensoras fueron asesinadas. En noviembre, fue asesinada María del Carmen Vázquez, madre buscadora, en Abasolo, Guanajuato. En octubre fueron asesinados el defensor ambiental Jesús Manuel García en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; el defensor ambiental Filogonio Martínez Merino, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; y Esmeralda Gallardo, madre buscadora, en Puebla, Puebla.
En Perú, OACNUDH registró el asesinato de Vilca Ampichi López, defensor ambiental indígena y jefe de la comunidad nativa de San Juan de Pachitea ocurrido en diciembre en Puerto Inca, Huánuco.
Adicionalmente, entre septiembre y diciembre de 2022, la Comisión recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos. Estos discursos provienen incluso de las más altas autoridades del Estado como en El Salvador, México y Venezuela. El Estado de El Salvador, destacó el pleno reconocimiento y respeto hacia la labor de defensa de derechos humanos, garantizado su protección a través de una sólida institucionalidad.
Respecto a los discursos estigmatizantes, la Comisión recuerda que, la descalificación de las labores realizadas por personas defensoras de derechos humanos a través de pronunciamientos públicos por parte personas funcionarias del Estado, genera una estigmatización, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación.
Es urgente que los Estados investiguen de forma exhaustiva, seria e imparcial, y tomen como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, los Estados deben buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.
La Comisión reitera la importancia proteger la vida e integridad y así como del rol que desempeñan las personas defensoras en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, tal y como lo ha señalado la CIDH en sus informes de 2006, 2011, 2017 y 2019. A su vez, la labor realizada por quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
