Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones indígenas que la conforman, NOS UNIMOS a la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC- y por eso DENUNCIAMOS ante la opinión pública, entes de control nacional y organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, los dolorosos hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, los cuales representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el regreso a un pasado doloroso que los pueblos indígenas creíamos superado.
Citando diversas fuentes, la OPIAC informa que en la noche entre el 27 y 28 de marzo, el Ejército Nacional abrió fuego indiscriminado contra los asistentes a un bazar organizado por la vereda El Remanso, quienes se encontraban celebrando en la caseta comunal. Como resultado del ataque, que incluyó artefactos explosivos, murieron nueve (9) personas, entre los cuales se encuentra el gobernador indígena en ejercicio del pueblo Kichwa de Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción comunal, Didier Hernández Rojas, su mujer, Ana María Sarria Barrera, un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama, También se habla de personas desaparecidas, que presuntamente fueron tiradas al río.
Además, el Ejército retiró los cadáveres en helicóptero, y nunca hubo presencia de Fiscalía, CTI o Ministerio Público. Hasta el momento, los familiares no han recogido los cadáveres pues no saben dónde se encuentran, y aún no se tiene noticia de los desaparecidos.
A pesar de las irregularidades del “operativo”, la victimización por parte del Estado continuó con el pronunciamiento del Ministro de Defensa y del Presidente quienes aseguraron que se habrían producido un enfrentamiento en los cuales se había neutralizado a nueve (9) disidentes de las FARC y capturado a otros cuatro (4). Sin embargo, conforme a la información recogida, esta Comisión considera que estamos frente a un nuevo caso de “falsos positivos”, práctica muy popular en la fuerza pública colombiana, en la cual presentan como guerrilleros abatidos en combate a la población civil rural y empobrecida, para obtener reconocimientos, recompensas o simplemente para obtener réditos políticos en su lucha contra el crimen.
Actualmente, la situación humanitaria en el municipio de Puerto Leguizamo es crítica y gran parte de la comunidad se encuentra desplazada ante el temor de nuevas acciones de la fuerza pública en el territorio, y por las retaliaciones que puedan llevar las denuncias realizadas. Cabe recordar que estos hechos se suman a los ataques violentos que desde años recientes años padecen las comunidades indígenas de Puerto Leguizamo, debido al enfrentamiento permanente de los grupos armados en el marco del recrudecimiento del conflicto.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y por eso DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS todas las conductas en el marco del conflicto que involucran a la población civil, protegida por el Derecho Internacional Humanitario y del cual la responsabilidad del Estado es evidente. Por lo anteriormente expuesto, EXIGIMOS A la Presidencia de la República – Iván Duque Márquez, que, en cumplimiento de su obligación constitucional, la suspensión inmediata de las acciones militares y violentas en contra de las comunidades, así como su presencia en los territorios amenazados para proteger la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Igualmente, que se retracte de sus pronunciamientos en los que revictimiza la población asesinada afirmando que pertenecen a un grupo armado ilegal. Al Ministerio de Defensa - Diego Molano Bravo, que cese inmediatamente todos los crímenes de guerra cometidos, especialmente los denominados “falsos positivos”, de la que siguen siendo víctimas las comunidades indígenas y aclare los hechos ocurridos la noche del ataque, promoviendo inmediatamente las investigaciones correspondientes y suspendiendo del cargo a los militares involucrados.
Asimismo, que se retracte de sus declaraciones en las que afirma que las víctimas eran guerrilleros. A la Fiscalía General de la Nación – Francisco Barbosa, la apertura de las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de esta masacre de población civil, y de los demás hechos que, en el marco de este operativo, enlutan a la comunidad indígena. De igual forma, solicitarle a la Fiscalía como parte de la jurisdicción ordinaria, que se abrogue la investigación de estos hechos, en cumplimiento de las consideraciones de la CorteIDH, en el sentido de que la jurisdicción militar no es la idónea para conocer los casos de violaciones a derechos humanos.
A la Defensoría del Pueblo – Defensoría delegada para grupos étnicos, la adopción de las medidas necesarias y la asesoría, acompañamiento y apoyo requerido para las familias de las víctimas, A la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, iniciar inmediatamente las investigaciones disciplinarias correspondientes para sancionar a todos los funcionarios responsables de esta masacre y que tome las acciones necesarias para que estas acciones no se repitan. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, Human Rigths Watch, Indepaz, como organizaciones de derechos humanos, apoyar a los pueblos indígenas con la denuncia realizada, la búsqueda de desaparecidos y las investigaciones correspondientes, e insten al Gobierno de Colombia proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto.
Denuncia_Pública_-_Masacre_-_Falso_positivo_en_Puerto_Leguizamo.pdf387.85 KB
Marzo 6 de 2022
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Decreto 1396 de 1996-