Informe Vulneraciones de DDHH e Infracción DIH en contra de los PPII 2017 – 2018
El segundo informe que presenta la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas –CDDHHPI muestra el balance de vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH contra los Pueblos Indígenas durante la anualidad 2017 – 2018, esto es, el periodo del posacuerdo, fragmento de tiempo en el que colombianas y colombianos creímos, más que nunca, en la paz. Sin embargo, el informe es elocuente al mostrar que las violencias continúan su marcha rampante en el país, asumiendo nuevos rostros y nuevas maneras de accionar, continuando con otras pero afectando, invariablemente, a nuestros Pueblos, Comunidades y Territorios y abocándonos a la extinción física, espiritual y cultural.
El Balance va de lo general a lo particular: partiendo de la situación del país; se detiene en las cifras de la paz, las vulneraciones en el marco de la Minga/protesta social 2017 y en el recrudecimiento de las violencias en lo que corre de este año; para continuar con los casos particulares de tres departamentos: Chocó, Putumayo y Antioquia. Además, da otro paso: evalúa la implementación del Decreto-Ley 4633 de 2011 o Decreto-Ley de víctimas, en su sentido amplio y, específicamente, en el caso tipo escogido: la reparación integral de los Resguardos Buena Vista y Vegas de Santa Ana del Pueblo ZioBain (Siona) del Putumayo, para evidenciar las falencias por parte de la institucionalidad que hacen que la situación de los Pueblos y Comunidades Indígenas sea aún más precaria.
De este modo, el documento es un llamado de atención y una petición de ayuda: por un lado, visibiliza nuestra gravosa situación y le recuerda al Estado que debe protegernos, reconocer los escenarios de vulneraciones y garantizar la reparación integral, esto es, hacer que nuestras realidades se modifiquen para que podamos sobrevivir a pesar de la incertidumbre de la paz: la falta de garantías de las negociaciones, las interrupciones de las nuevas mesas de negociación con otros actores armados activos y el escenario electoral son todos factores que interrumpen la implementación de los pasos que se deben dar para materializar la paz. Por el otro, es un llamado a la comunidad internacional para que, reconociendo nuestra situación, pueda aupar procesos que la hagan menos onerosa en el presente y, a futuro, que la modifiquen en aras de nuestra pervivencia y de la seguridad de nuestros derechos étnicos: Identidad Cultural, Autonomía y Territorio.
INFORME 2017 – 2018
