Las organizaciones indígenas nacionales con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas manifestamos nuestro rotundo rechazo al ejercicio de actualización del protocolo de análisis de riesgo para población indígena que viene adelantando de manera inconsulta la Unidad Nacional de Protección-UNP.

Recordamos que en el año 2015 se concertó de manera transitoria el protocolo de análisis de riesgo para la población indígena como una acción afirmativa mientras se expedía el instrumento normativo para las medidas de protección especial para Pueblos Indígenas.

Posteriormente en el marco del proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, ley 1955 de 2019, vinculante para el Estado colombiano y en la que se acordó la revisión, concertación, construcción, expedición, socialización e implementación del borrador proyecto de decreto de medidas para la protección individual y colectiva para el territorio, personas, pueblos y comunidades indígenas víctimas de amenazas.

En ese sentido los Pueblos y Organizaciones Indígenas hemos realizado la socialización del documento con nuestras autoridades en los territorios y nos encontramos adelantando todas las etapas del proceso de concertación que culminará con la protocolización y expedición del instrumento.

Con sorpresa en días pasados hemos tenido conocimiento por parte de otras fuentes, sobre el ejercicio de actualización del protocolo que viene adelantando la UNP sin que a la fecha se hubiera socializado su contenido con los PPII, sino que se tuvo que solicitar mediante derecho de petición.

El proceso de actualización se viene adelantando en “alianza estratégica” con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), buscando fortalecer e instalar capacidades a la UNP en Enfoques Diferenciales de Género y Étnico Fase I y Fase II, desconociendo las capacidades de los Pueblos Indígenas y nuestras estructuras organizativas. No callaremos ante esta situación donde se continúa con un enfoque de racismo estructural, pretendiendo hablar sobre los Pueblos Indígenas sin los Pueblos Indígenas.

Alertamos que la UNP y la OIM actúan desconociendo el principio de la buena fe y el principio de economía de la administración pública, pues mientras desde los Pueblos Indígenas estamos formulando un proyecto de Decreto cuyo fundamento se encuentra en la garantía de la vida, la seguridad personal, la integridad personal en las oficinas de la Entidad están generando un documento que vulnera el principio de progresividad y prohibición de no regresividad.

Como Pueblos y Organizaciones Indígenas exigimos a la UNP que no continúe el proceso de actualización del mencionado protocolo y por el contrario atienda los espacios de concertación conjunta que tendremos en los próximos días con la mayor apertura jurídica y administrativa de forma que se dé cumplimiento a los mandatos constitucionales, legales y estándares internacionales en materia de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales a no hacer parte de la estrategia de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia invisibilizándonos a través de este tipo de actos y “alianzas” que vulneran directamente nuestros derechos fundamentales.

Marzo 10 de 2022
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
-DECRETO 1396 DE 1996-

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