Comunidad Indígena Wichwa Siona San José de Wisuya

Sobre los execrables hechos ocurridos desde el secuestro Paul Rivas, Javier Ortega y Efrain Segarra el pasado 26 de marzo, la inoperancia e indolencia estatal para manejar toda la situación, y el desacertado anuncio que hiciera el presidente Lenin Moreno que como respuesta a la grave situación que se vive en la zona fronteriza responde con el despliegue incrementado de controles militares y policiales nos pronunciamos: Somos  una  comunidad  indígena  Kichwa  –  Siona,  gente  de  chagra  y  yagé,  pueblo transfronterizo; vivimos a orillas del Putumayo y según el pensamiento de nuestros abuelos procuramos siempre vivir en paz, aunque el conflicto armado colombiano y la desidia de ambos estados nos han impuesto la guerra. Ofrecemos nuestra solidaridad y total respeto a la familia y compañeros de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra; honraremos su memoria protegiendo, defendiendo y sacando a la luz la verdad de todo lo que ocurre en nuestros territorios. Su asesinato es una afrenta contra la paz y la integridad de todos y todas los que hacemos Ecuador. Nos preocupa gravemente que la respuesta estatal sea la militarización de la frontera, en eventos anteriores como los hechos acaecidos en angostura fuimos las comunidades de frontera las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanas por parte del accionar estatal a través de este tipo de medidas. En efecto en la zona fronteriza existen graves situaciones vinculadas con el conflicto armado desarrollado en suelo colombiano, el pos acuerdo y el desarrollo de actividades licitas vinculadas al narcotráfico, el avance de la frontera extractiva, la aparición de nuevos actores armados y la reconfiguración del paramilitarismo todos estos hechos afectando de manera permanente, sistemática y directa a las comunidades que vivimos en la frontera Colombo ecuatoriana. Situaciones que se dan y se fortalecen debido a la ausencia estatal, a la falta de garantías para el acceso a derechos y a la fuerte presencia militar colombiana y ecuatoriana que en muchas   oportunidades   ha   operado   más   como   garantía   para   la   persecución   y estigmatización de quienes aquí vivimos que como mecanismo efecto de protección. De   manera   especial   los   pueblos   indígenas   y   comunidades   campesinas   somos especialmente   vulnerables   convirtiéndonos   en   víctimas   continuas,   individual   y colectivamente,   de   diversas   formas   de   violencia   física,   simbólica,   exclusión   y empobrecimiento; que se ven insistimos exacerbadas por la ausencia estructural del Estado en nuestros territorios. Si todos los recursos humanos y financieros que Ecuador y Colombia destinan para la guerra y la militarización de nuestros territorios se destinarán para el impulso concertado de servicios de educación, salud, vialidad, acceso a servicios básicos y garantías para la libre movilidad humana los actores armados y el narcotráfico no tendrían facilidades para el desarrollo de sus actividades. Es lamentable que la mirada Estatal sobre la frontera ocurra solamente cuando algún tema de relevancia mediática o de especial interés estatal; solo cuando ocurren hechos de esta grave naturaleza se pone la mirada sobre nosotros, lamentablemente la respuesta parece  ser  siempre  desde  la  represión.  Y  lamentablemente  el  asesinato  de  otros ciudadanos, como el doble asesinato de 2 comuneros Sionas ocurrido el pasado 24 de noviembre  de  2017  en  la  comunidad  fronteriza  Azuay  no  parece  merecer  ninguna respuesta estatal. La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de varias denuncias sobre como el conflicto y pos colombiano ha traspasado la frontera, registrándose en las comunidades fronterizas del Ecuador serios abusos cometidos por la fuerza pública Ecuatoriana, quienes actuando de  manera  independiente  o  en  acciones  conjuntas  con  las  FFAA  Colombianas  han efectuado  patrullajes  irregulares,  restringido  la  movilidad  humana,  señalado  sin fundamentos a moradores como cómplices de los actores armados que hacen presencia en la zona. Por  lo  anteriormente  descrito,  y  por  los  hechos  que  han  ocurrido  en  anteriores oportunidades ALERTAMOS a las organizaciones indígenas del nivel nacional, de derechos humanos y medios de comunicación para que estén vigilantes del accionar del estado, especialmente  de  las  Fuerzas  Armadas,  exigiendo  que  sus  actuaciones  respetan  y garanticen los derechos humanos de todos los que residimos en frontera. ALERTAMOS al estado ecuatoriano, de manera particular al Presidente Moreno para que antes de emprender acciones militares y policiales en la zona garanticen que las mismas se apegaran de manera irrestricto al cumplimiento de los derechos humanos, y que con el pretexto de resguardar la soberanía no se impondrán limitaciones a la libre movilidad, no se revictimizara a la población desplazada que se encuentra en territorio Ecuatoriano, muchas veces en condición de irregularidad migratoria; no se militarizara los territorios indígenas no se nos impondrán restricciones para la realización de nuestras actividades diarias de pervivencia física o cultural, no se nos impondrán restricciones o se generara señalamientos   por   la   intercambio   permanente   que   tenemos   con   comunidades colombianas, especialmente en el caso de pueblos indígenas transfronterizos como el nuestro. Todas las acciones estatales que se desarrollen deben garantizar la integridad física y psicológica  de  todos  quienes  vivimos  y  transitamos  por  la  Frontera  Colombo  – Ecuatoriana.     Con nosotros cuenten siempre para la paz ya llevamos mucho tiempo soportando la guerra.       Alonso Aguinda                                                                                                          Sandro Piaguaje Presidente de la Comunidad                                                                            Dirigente de Cultura     Datos de Contacto: defensoresnacionalidades@yahoo.es sionawisuya@gmail.com 0939886285

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Indígenas en riesgo de extinción cultural en Colombia hablan en la CIDH

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Comunicado de Prensa -CIDH-

Comunicado de prensa de los Pueblos Indígenas de Colombia ante la CIDH Santo Domingo, 10 de mayo, 2018,. Organizaciones de sociedad civil denuncian las graves las graves violaciones de derechos humanos  enfrentadas por diversos pueblos indígenas de Colombia -ocurridas en el marco del conflicto armado interno- que han puesto a un 65% de esta población en

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Artículo tomado de:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-guardianes-del-yage-confinados-por-la-violencia-articulo-754137 Por:Helena Calle/Infoamazonia Indígenas Siona del Putumayo denuncian que desde hace cuatro semanas, la mitad de su población está confinada gracias a nuevas minas antipersonales y un toque de queda impuesto por actores armados. Presentarán sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a delegados indígenas Nukak de Guaviare y Embera, de