En esta ocasión desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor nos permitimos RECHAZAR, ALERTAR y DENUNCIAR ante la Opinión Pública, las entidades Gubernamentales del orden Nacional y Territorial, así como la sociedad civil en general el grave riesgo de desaparición física que está padeciendo la Comunidad Indígena de ALAKAT y ARRONSHY del pueblo Wayuú, ubicados en el Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira.

Esta denuncia se funda en los siguientes episodios y hechos victimizantes; en los últimos años en esta área geográfica como consecuencias de los intereses e iniciativas industriales que existen, algunas comunidades indígenas dentro de las cuales se encuentra la de Alakat y Arronshy, han venido ejerciendo diversas acciones tendientes a la reivindicación de su derecho fundamental colectivo a la consulta previa libre e informada que deben garantizar los interesados en dichos proyectos de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad colombiano; estas actividades están enfocadas entre otros sobre tendidos de transporte eléctricos e instalación de centrales de generación de energía eólica.

No obstante, al mismo tiempo que se han ejercido estas acciones reivindicativas de sus bienes jurídicos tutelados, se evidenciaron también un alto índice de amenazas dirigidos en contra de la vida de los integrantes de los cabildos indígenas, en especial de sus líderes, autoridades tradicionales y las mujeres que dinamizan estos procesos comunitarios. Tal es el caso de la Autoridad y Lider clanil de Arronshy ESTHER GARCIA PEÑALVER a quien vilmente le fue arrebatada la vida en dicha comunidad indígena en horas de la tarde del 31 de marzo de 2021; a solo tres meses de los hechos victimizantes que le quitaron la vida al líder GONZALO CASTILLO EPIEYU autoridad clanil de la comunidad de Alakat, el 14 de diciembre de 2020. Los líderes y autoridades de las mencionadas comunidades manifestaron que recibieron varias amenazas e iniciaron el proceso de solicitud de protección ante la Unidad Nacional de Protección y hacer parte de la ruta de protección colectiva solicitada para la comunidad de ALAKAT y ARRONSHY; pero no recibió de manera oportuna las medidas pertinentes a pesar de las advertencias aquí señaladas.

De igual forma advertimos que en los últimos años se ha incrementado de manera considerable la presencia de muchas más empresas interesadas en los sectores antes descritos sin que estén garantizando el derecho fundamental a la consulta previa.

Por ello, desde la organización indígena Gobierno Mayor rechazamos los sistemáticos y crecientes episodios de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al que están siendo sometidos los pueblos indígenas en Colombia como principal vía para el exterminio físico y cultural ya advertida en diferentes instrumentos de decisiones judiciales.

En tal virtud desde Gobierno Mayor, responsabilizamos al Estado Colombiano, de la sistematicidad en la comisión de estas violaciones de derecho humanos que están cometiendo en contra de las Comunidades de Alakat y Arronshy de la guajira al tiempo que solicitamos a las autoridades locales, nacionales e internacionales y demás autoridades competentes, que cumplan sus funciones y realicen acciones concretas que permitan impactar sobre las causas explicativas de éste fenómeno de tal manera que eviten el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas:

  1. Solicitamos la implementación y culminación de las rutas de atención urgente para los habitantes de las Comunidades de Alakat y Arronshy, como consecuencia de los hechos víctimizantes ya narrados.
  2. El seguimiento por parte de los organismo de DDHH de la Organización Internacional Naciones Unidas ONU Derechos Humanos, Presidencia de la República de Colombia comisión de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Gobernación de la Guajira, Alcaldía y personería de Uribia.
  3. A las autoridades ejecutivas del poder Público colombiano ofrecer frente a esta problemática una visión social y no la acostumbrada respuesta armada y mediática como método de contención acerca de las causas originarias del fenómeno de la violencia en ésta parte de la geografía nacional.
    Una respuesta expedita de los entes de investigación y sanción en materia penal y disciplinaria sobre los autores materiales e intelectuales de estos episodios delictivos.


AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENA DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR

31 de marzo del año 2021

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Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas